El almanaque judicial de La Pampa acaba de registrar una de sus páginas más sombrías. Casi dos décadas después de aquella fatídica madrugada del 1º de noviembre de 2008, cuando la velocidad y el alcohol al volante truncaron la vida del adolescente Adan Misael Serraino Zinki en 25 de Mayo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictó un fallo técnico que clausura toda esperanza de justicia. Al declarar la prescripción de la acción penal y ordenar la absolución de Ángel Patricio Molina, el máximo tribunal de la Nación no hizo más que certificar el fracaso rotundo del sistema. No hubo inocencia, hubo tardanza. Hubo un laberinto de idas y vueltas burocráticas que operó como la mejor estrategia de defensa.
Dieciocho años es el tiempo que le toma a un recién nacido convertirse en ciudadano. Para la familia Serraino Zinki, fue un calvario interminable de juicios anulados, apelaciones cruzadas y promesas vacías. Una tortura institucionalizada que desgastó la salud y la vida de sus padres: Amelia Susana Zinki falleció en 2020 sin ver tras las rejas al responsable de la muerte de su hijo, cargando con el dolor indigerible de cruzarse en el pueblo con el conductor libre. Hoy, su viudo Rubén queda solo frente a un veredicto definitivo que, en nombre del “plazo razonable del proceso”, consagra una injusticia monumental.
Este desenlace aberrante expone el divorcio absoluto entre la letra fría de la ley y el sentido común de la sociedad. La prescripción, pensada para evitar persecuciones eternas del Estado, se convierte en la práctica en una garantía de impunidad para quienes causan muertes viales. Cuando el paso del tiempo borra la responsabilidad penal de un homicidio culposo, el mensaje que se emite desde los estrados judiciales es devastador: matar al volante en Argentina puede salir gratis si se logra dilatar el proceso lo suficiente.
Frente a esta cachetada a la memoria de Adan, la indignación colectiva debe transformarse en una exigencia impostergable. Desde la Fundación Estrellas Amarillas alzamos la voz con más fuerza que nunca para exigir una reforma urgente y profunda del Código Penal Argentino. Es inaceptable que los delitos que destruyen familias enteras en el asfalto sigan teniendo plazos de caducidad que premian la ineficiencia judicial o las chicanas de los defensores.
Necesitamos herramientas legislativas que distingan la desidia procesal del dolor de las víctimas. La modificación del Código Penal debe garantizar que la acción penal en siniestros viales fatales no se extinga por el mero transcurso del tiempo mientras las familias sigan batallando en los tribunales. El reloj de la justicia no puede correr en contra de los inocentes. La impunidad de Ángel Patricio Molina debe ser el último antecedente de un sistema que entierra la justicia bajo la alfombra de la burocracia. Por Adan, por Amelia, y por cada estrella pintada en el asfalto que se levanta como una señal de ausencias eternas, exigimos leyes que de verdad nos protejan.
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