El Diputado nacional y Secretario de la Comisión de Transporte del Congreso Anibal presentó un informe al Ministerio de Transporte explicaciones por la incorporación de un nuevo costo a los transportistas para realizar su actividad.
Este año, a través de la Disposición Nº 01/2022 de la Subsecretaría de Transporte Automotor (modificatoria de la Disposición Nº 25/2009), se sumó un nuevo trámite obligatorio para todos los vehículos automotores, acoplados y semiacoplados que se fabriquen y comercialicen en el país o se importen y hayan ejecutado modificaciones al equipo.
Este nuevo trámite ordena que una persona denominada “Ingeniero Certificador” debe verificar de manera remota (no presencial), las condiciones técnicas que ya fueron controladas y autorizadas en el Taller de Modificación, lugar que la propia normativa obliga a concurrir para realizar las modificaciones de las unidades de transporte.
Esto genera que haya trámites con idéntico alcance, contenido y efectos. Esto equivale a un importante costo adicional, en manos privadas y sin control de afectación de fondos, ya que la citada Disposición prevé que AITA (Asociación de Ingenieros y Técnicos del Automotor) registre los datos en un sistema informático privado donde se asientan las modificaciones y realice la recaudación por este trámite duplicado.
Se estima que AITA recaudará un monto inicial mínimo de $450 Millones (hasta certificar todo el parque automotor) y dado que se siguen modificando vehículos, verificamos que se ha generado una caja discrecional de $50 Millones anuales.
Un dato más importante aún, se desconoce el destino de los fondos. Tortoriello sostuvo “Lo que resulta claro, es que este costo adicional no agrega valor a la cadena de costos del transporte de pasajeros, camiones y remolques, sino, por el contrario, incorpora un nuevo gasto burocrático e innecesario que no suma, sino que genera más malestar”.
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