El juez de primera instancia rechazó los planteos pero habilitó que pase a ser analizado en un ámbito superior.
La Cámara Federal de Apelaciones de General Roca deberá resolver si acepta el hábeas corpus presentado por los legisladores del bloque Vamos con Todos contra el protocolo “antipiquetes”, creado por la ministra Patricia Bullrich, luego del rechazo en primera instancia por parte del juez federal subrogante de Viedma, Ezequiel Andreani.
El magistrado advirtió que los términos de la presentación impulsada por José Luis Berros, presidente de esa bancada, junto a Fabián Pilquinao y Magdalena Odarda no resultan materia de habeas corpus y que la pretensión de dictarse la inconstitucionalidad requiere de un mayor ámbito de discusión y prueba.
No obstante, tuvo en cuenta la apelación presentada posteriormente y elevó las actuaciones a la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.
El 26 de diciembre pasado los legisladores plantearon la revocatoria en contra de la providencia dictada el 21 de ese mes por entender que existen elementos suficientes para considerar un habeas corpus.
“La cuestionada Resolución 943/23 del Ministerio de Seguridad amenaza de manera cierta e inminente la libertad ambulatoria y por consiguiente el ejercicio de otros derechos. Además es violatoria de la Constitución Nacional y de todo el sistema de derechos humanos internacional, y vulnera de manera palmaria la división de poderes y el sistema republicano de gobierno”, dijeron.
Esta semana se conoció la providencia que vuelve a rechazar los argumentos pero procede con la elevación a la Cámara.
El 20 de diciembre pasado Berros, Odarda y Pilquinao, presentaron un Hábeas Corpus Individual y Colectivo Preventivo en el Juzgado Federal de Viedma contra el protocolo antipiquetes.
Pidieron que se lo declare inconstitucional por violar y lesionar los derechos garantizados en la Constitución Nacional, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención sobre los Derechos del Niño, la ley de Inteligencia Nacional, la ley de Ministerios y la ley de Seguridad Interior.
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