Tras conocerse que un funcionario judicial solicitó al Poder judicial que se lo defienda gratis en una causa por “falso testimonio”, ahora trasciende que no solo se le concedió el derecho, sino que le asignaron el abogado “a dedo”, en forma arbitraria, contrario a lo que sucede con cualquier ciudadano.
Familiares de víctimas, pertenecientes al grupo Justicia Comarca, nuevamente salieron a cuestionar lo que señalan como un claro hecho de “arbitrariedad” dentro del Poder Judicial, para que cuatro funcionarios de la institución (Defensoría) de El Bolsón, se vean favorecidos con beneficios que el resto de los ciudadanos no podrían tener.
Según señalan: “A la situación de inequidad que advertíamos días atrás, acerca de que un funcionario del Poder Judicial pedía asistencia gratuita para enfrentar una demanda por “falso testimonio”, debemos sumar que no solo se le ha concedido el derecho, sino que el mismo se ha extendido a otros funcionarios y lo que es peor, “a dedo”.
Una muestra más de que no somos todos iguales ante la Ley y que la Justicia, en Río Negro, sigue reconociendo a los ciudadanos como de “primera y segunda”, cuando no, en otras categorías mucho más degradantes, que permiten que los errores de esta naturaleza, de los funcionarios, haga descreer a los ciudadanos de la Justicia.
Si bien, en el sistema penal, si una persona no designa a su propio abogado, el Estado debe hacerlo para garantizar el derecho a defensa y debido proceso, es decir: se trata de un derecho que tenemos todos los ciudadanos y ciudadanas, en consecuencia, no decimos que está mal desde el punto de vista de la Constitución que se le asigne un defensor, nos parece desacertado y la muestra de un nuevo cachetazo a la ciudadanía, que con los sueldos que tienen estos funcionarios, se hagan designar defensores por el Estado, con el agravante de que lo eligen, lo que no sucede con el resto de los mortales.
A lo ya expresado, debemos sumar que, según ha trascendido, no se respetó el orden de sorteo, sino que les pusieron el abogado defensor que solicitaron, incluso por escrito, siendo ese, además, un nuevo hecho vergonzante de impunidad y desprecio por las personas.
Un sistema que se muestra al menos “raro”, por no mencionarlo como “perverso”, cuando vemos que todos trabajan para la misma empresa. El defensor de El Bolsón y las otras funcionarias, trabajan para El Ministerio Público, donde también trabaja el abogado que los asistirá y todos, en definitiva, dependen de la Procuración.
Por todo ello, repudiamos enérgicamente esta arbitrariedad, desconocimiento y desprecio por las personas en su vinculo con la Justicia. Cómo podríamos confiar en el sistema judicial, cuando un funcionario se ve favorecido con lo que ningún ciudadano común podría. Esto da cuenta que, para nuestra Justicia, hay ciudadanos comunes y ciudadanos especiales. Una vergüenza.
DISEÑO Y DESARROLLO - Navone Juan