El pedido avalado por los parlamentarios está dirigido a la Cámara de Senadores de la Nación, para promover un proyecto del Senador Martín Doñate
Los legisladores del Bloque Unidad Ciudadana, Daniel Belloso, Gabriela Abraham, María Alejandra Mas, lograron en la última sesión el voto unánime de sus pares para aprobar un proyecto de Comunicación dirigido al Congreso de la Nación Argentina -a la Honorable Cámara de Senadores de la Nación- manifestando que verían con agrado el tratamiento de la iniciativa, autoría del Senador Martín Doñate, de “Promoción del buen trato y protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las personas mayores”.
Los legisladores explicaron que se pide también que esta Ley nacional establezca una institución como la Defensoría Nacional de Personas Mayores, que promueva y defienda los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona mayor, además de la valorización de la misma, su papel en la sociedad y su contribución al desarrollo general; así como también: la dignidad, independencia, protagonismo y autonomía de la persona mayor; la igualdad y no discriminación; el bienestar y cuidado; la seguridad física y social; el buen trato y la atención preferencial; la protección judicial efectiva; entre otros aspectos igualmente relevantes.
En los fundamentos destacan que “el envejecimiento es un proceso natural que debe ir acompañado de seguridad, dignidad y permanencia del disfrute de la vida, la salud, la integridad y la participación social y remarcaron que “con el aumento de la población de personas mayores, también se ha incrementado el maltrato (OMS, 2018)”.
La Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores define el maltrato como todo acto u omisión contra una persona mayor, que ocurra de manera única o repetida y produzca daño a la integridad física, psíquica, moral o que vulnere el goce de los derechos humanos y libertades fundamentales, independientemente de que esta situación se produzca en el marco de una relación de confianza (OEA, 2015).
“El maltrato contra las personas mayores constituye un problema grave de violación de derechos humanos”, expresaron y citaron un trabajo de revisión de 52 investigaciones (2017) realizadas en 28 países de diversas regiones, incluidos 12 países de ingresos bajos y medianos, elaborado la Organización Mundial de la Salud: “A partir de la misma, se concluyó que, durante el último año, el 15,7% de las personas de 60 o más años de edad habían sido objeto de alguna forma de maltrato”.
Las personas mayores abarcadas en estos estudios refieren que el maltrato más frecuente es el psicológico (11,6%), siguiéndole: el abuso financiero (6,8%), la negligencia (4,2%), el maltrato físico (2,6%) y el abuso sexual (0,9%).
Afirmaron que en el mismo estudio se observa que las personas mayores refieren haber sido víctimas de abuso y maltrato en un 64,2% por trabajadores, ya sea de instituciones públicas, del sistema de salud o de residencias de larga estadía. “Un dato importante a tener en cuenta es que estas cifras no incluyen a personas con deterioro cognitivo o demencias, y tampoco a las que viven en residencias de corta estadía”, aclararon.
Van en aumento las denuncias de personas mayores por situaciones de violencia doméstica
En nuestro país, las estadísticas muestran que en el año 2021 aumentaron las denuncias de personas mayores por situaciones de violencia doméstica. La Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema atendió 804 denuncias de 824 personas mayores afectadas, un 35% más que en 2020.
Las mujeres representaron el 79% de las víctimas y, con relación a las edades, el 67% de las personas afectadas tenía entre 60 y 74 años y el 33% más de 74.
La mitad de las personas mayores sufrieron el maltrato por parte de sus hijos/as, proporción que se incrementó entre las afectadas mayores de 75 años (64%). Asimismo, el 56% de las víctimas cohabitaba con la persona denunciada al momento de la presentación.
Seis de cada 10 personas afectadas sufrieron violencia diaria o semanal, y se observó que 119 personas tenían algún tipo de discapacidad.
Los datos corresponden al informe de la OVD titulado “Personas mayores afectadas por situaciones de violencia. Año 2021”, que determinó que el 80% de las denuncias fueron realizadas por las propias personas afectadas (y el 20% por terceros).
El informe reveló también que los varones fueron los principales agresores (65%) y que el 71% de las personas denunciadas tenía entre 22 y 59 años.
De acuerdo con el relevamiento, se registraron diferentes tipos de violencia: psicológica (en el 97% de los casos), ambiental (49%), física (46%), simbólica (42%) y económica-patrimonial (38%), entre otras.
De las personas afectadas, el 40% de los mayores de 75 años se encontraban en una situación de alto o altísimo riesgo.
Sobre el proyecto de Doñate
El proyecto de ley n°2099/22, presentado por el Senador rionegrino Martín Doñate, que aborda el tema de la prevención y protección contra la discriminación por edad, la violencia, el abuso, y el maltrato hacia las personas mayores, pretende “resguardar principios y derechos fundamentales, tales como igualdad y no discriminación por razones de edad; el derecho a la vida y a la dignidad en la vejez; el derecho a la independencia y a la autonomía personal y el derecho a la participación e integración comunitaria”.
Además resguarda “el derecho a la seguridad y a una vida sin ningún tipo de violencia; el derecho a no ser sometido a tortura ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes; el derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud; los derechos de la persona mayor que recibe servicios de cuidado a largo plazo; el derecho a la libertad personal; el derecho a la libertad de expresión y de opinión y al acceso a la información; el derecho a la nacionalidad y a la libertad de circulación; el derecho a la privacidad y a la intimidad; el derecho a la seguridad social; el derecho al trabajo; el derecho a la salud; el derecho a la educación; el derecho a la cultura”.
También promueve “el derecho a la recreación, al esparcimiento y al deporte; el derecho a la propiedad; el derecho a la vivienda; el derecho a un medio ambiente sano; el derecho a la accesibilidad y a la movilidad personal; los derechos políticos; el derecho de reunión y de asociación; el igual reconocimiento como persona ante la ley y acceso a la Justicia”.
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