La legisladora provincial por el Partido Justicialista –NE, Ana Marks, expuso durante la Audiencia Pública por la a 5° Revisión Tarifaria Ordinaria (RTO) de la Distribuidora Cooperativa de Electricidad Bariloche Ltda. (CEB).
En su alocución, Marks expresó su preocupación “ante los incrementos tarifarios que están sufriendo nuestros vecinos y vecinas y el rol pasivo del Ente de control provincial ante el enorme impacto que esto tiene en la vida cotidiana de las familias, los comercios, las pymes, las universidades, y los espacios sociales y comunitarios.”
La legisladora peronista argumentó su postura mostrando un cuadro comparativo de incrementos en diferentes barrios de Bariloche, con los montos entre el mes de diciembre y la actualidad registrando subas de entre 150% y 338% en residencias, comercios, espacios comunitarios y universidades públicas. En este sentido expresó que “estos números no solo son impagables, sino que son confiscatorios del salario. Los aumentos desarrollados en los últimos seis meses no tienen ninguna razonabilidad ni justicia y no se ajustan en lo más mínimo a los planteos que ha hecho la corte suprema de justicia en relación a la obligatoriedad de evitar restricciones arbitrarias o desproporcionadas a los derechos de los usuarios en materia de servicios públicos.”
A continuación, solicitó que el E.P.R.E presente una negativa absoluta a las pretensiones de la distribuidora en la aplicación de un nuevo ajuste sobre la tarifa eléctrica. En ese sentido, Marks sostuvo que “es necesario que el Gobierno Provincial, a través de su Ente de Regulación y Control priorice la defensa de las y los usuarios. Hay que ponderar las dificultades que están atravesando a las familias y las PYMES, que contemple la integridad de los incrementos que la ciudadanía está sufriendo, también en otras tarifas de gas y agua, el transporte urbano de pasajeros, los alquileres, los combustibles, los alimentos. Y es el Estado quien en conforme a la ley 2902 debe garantizar la prestación del servicio con el mínimo costo compatible con la seguridad del abastecimiento”.
Por último, la legisladora cerró su intervención realizando tres solicitudes. En primer lugar, “que el EPRE rechace por completo la solicitud de aumento y que sea respetuoso de las voces en disidencia en esta audiencia pública”. En segundo lugar, manifestó su “preocupación ante la convalidación permanente de las solicitudes de aumento de las prestadoras. No es el rol que debe tener el EPRE, hace falta que realmente recupere su rol de regulación y control y construya una mirada en defensa de los y las usuarias¨´.
En este sentido hizo referencia a un proyecto de ley de su autoría que propone la incorporación de usuarios residenciales y comerciales al directorio del EPRE.
Y, por último, Marks expresó: “el EPRE tiene la obligación de presentarse ante la legislatura a exponer el informe correspondiente sobre las actividades y medidas que el organismo va a adoptar en beneficio del interés público solicitamos que cumpla de manera urgente con esta obligación que viene eludiendo y que además presente el plan de protección de los usuarios ante la crítica situación que estamos viviendo.”
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