Además, se acordó un incentivo para los agentes que eran discriminados respecto al resto de los sectores recaudadores
Tras meses de conflicto, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) logró avanzar en la articulación de las acciones tendientes a resolver el reclamo de los agentes de la Inspección General de Personas Jurídicas y llegar a un punto de acuerdo con el Ejecutivo logrando dar respuesta a la demanda del incentivo por productividad y disponiéndose del 60% de la recaudación mensual del organismo a favor de los y las trabajadoras en este concepto.
“Desde ATE llevamos mucho tiempo peleando para que se reconozca este derecho. Este es un logro muy importante que se consiguió a partir de la lucha constante del sindicato a lo largo de todos estos meses”, señaló Silvina Elgueta, dirigente provincial de ATE, quien acompañó el conflicto.
Asimismo, se llamó a establecer una reestructuración del organigrama del sector a fines de crear condiciones administrativas que permitan el eficiente funcionamiento del organismo.
En este marco, se definió que los Inspectores regionales pasarán a percibir un adicional de Jefatura Departamento y se generará un puesto de Coordinador General, percibiendo un adicional igual al de Inspector Regional, y cuatro puestos de Coordinadores Administrativos, percibiendo un adicional de Jefe de División.
Por otro lado, el total de la recaudación destinada a la productividad se distribuirá entre los agentes de Personas Jurídicas en partes iguales de acuerdo a los criterios que estarán establecidos en la reglamentación que se dicte al efecto.
Asimismo, la normativa a diseñarse para la implementación del incentivo será la de un decreto del Poder Ejecutivo, comprometiéndose al apoyo de la ley pertinente.
A través de la mesa de trabajo, también se definió que el incentivo será distribuido a partir de la recaudación existente en el mes de abril, debiendo el gobierno garantizar el pago retroactivo en caso de la implementación efectiva se produzca con posterioridad.
Por último, también se hizo lugar a la revisión de los valores de sellados que rigen actualmente en el organismo, sobre los cuales el gobierno se compromete a elevar oportunamente el Ministerio de Economía la propuesta de sellados para el ejercicio 2024 los que deberán responder a los parámetros utilizados en otras jurisdicciones atendiendo a la complejidad del trámite pudiendo incorporar la figura del Trámite Preferencial.
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