Un hombre fue imputado como uno de los presuntos autores de un violento robo perpetrado el pasado 8 de julio en un campo cercano a la localidad de General Conesa. En ese hecho se había sustraído alrededor de un millón de pesos y la investigación de la Fiscalía permitió obtener indicio que hicieron posible su detención en Luis Beltrán el viernes pasado.
En la audiencia desarrollada el sábado, el Ministerio Público Fiscal le formuló cargos y pidió además su prisión preventiva, que fue confirmada por el juez al determinar la apertura de la investigación penal preparatoria.
Los hechos, según relató la acusación, se produjeron el 8 de julio a las 23 horas cuando el acusado, «junto a al menos otra persona no identificada aún, ingresó a la vivienda que ocupaba la víctima ubicada en el establecimiento rural La Costa, en cercanías de la localidad de General Conesa».
Agrega que «sustrajeron la suma aproximada de un millón de pesos en efectivo y prendas de vestir todo de propiedad de la víctima. Para ello redujeron al hombre mediante golpes de puño y la utilización de una picana y un arma blanca, ocasionándole múltiples heridas de gravedad».
La calificación legal endilgada al hecho es la de robo agravado por el uso de arma blanca, lesiones graves y en despoblado.
La investigación preliminar desarrollada hasta el momento permitió obtener indicios que posibilitaron a la Fiscalía no sólo formular cargos, sino además pedir la prisión preventiva del acusado que fue dispuesta por el Juez de Garantías que encabezó la audiencia.
En el marco de los elementos que se valoraron para poder requerir la formulación de cargos se destaca una huella que fue recogida en el piso del campo durante el trabajo realizado al momento en que se denunciaron los hechos. Diversos testimonios recabados permitieron luego efectuar un allanamiento en la vivienda del imputado de la que se secuestró una zapatilla que arrojó una correspondencia exacta con aquella huella.
Además de los restantes elementos secuestrados en el allanamiento se suman informes de la Oficina de Investigación en Telecomunicaciones de la Procuración General, relevamiento fotográfico, informes varios y actas de intervención de la Policía de Río Negro y sus áreas de investigación.
En la misma audiencia la Fiscalía pidió la prisión preventiva que también fue admitida por el Juez luego de determinar la apertura de la investigación penal preparatoria.