BONADIO PROCESO A ARANDA, QUIEN SE VINCULA CON OBRAS EN MUNICIPIOS DEL SUR BONAERENSE

La noticia del procesamiento del titular de Techint, Paolo Rocca, por su presunta vinculación con el pago de coimas durante el gobierno anterior, sacudió ayer al país. A tal punto, que casi pasó desapercibido que el juez federal Claudio Bonadío -a cargo de la megacausa por sobornos en la obra pública- también dictó la misma medida para Rubén David Aranda, el dueño de la empresa que realizó las últimas dos grandes obras energéticas de la gestión K en la región.

Aranda es dueño de la firma constructora Chimen Aike SA, radicada en Santa Cruz, y se lo vincula a Máximo Kirchner. Hay quienes los señalan como muy cercanos, aunque otros aclaran que sólo los une una relación empresarial: una inmobiliaria ligada al líder camporista administraría propiedades que alquila el empresario.

Aranda fue procesado ayer porque se sospecha que podría estar involucrado con maniobras de defraudación y pago de sobreprecios en obras que el Estado nacional realizó en el Yacimiento Carbonífero Río Turbio durante los años del kirchnerismo en el poder.

La causa es anexa a la que involucra al exministro de Planificación Federal, Julio De Vido, a quien se imputa haber organizado un sistema de reparto de obras que beneficiaba empresarios dispuestos a efectuar retornos o pagar sobornos.

Precisamente fue De Vido el que impulsó las dos grandes obras energéticas que trajeron a Aranda y a Chimen Aike a la región: las ampliaciones de dos gasoductos que abastecen a siete distritos de la zona.
Las licitaciones se efectuaron en octubre de 2014, con la idea de que las obras estuvieran terminadas a mediados de 2015, en plena campaña presidencial.

La primera fue la del gasoducto Villarino-Patagones, con un presupuesto oficial del orden de los 100 millones de pesos; la segunda, la del gasoducto Pampeano Oeste (que abastece a Saavedra, Puan, Tornquist, Coronel Suárez y Coronel Pringles), con un costo cercano a los 69 millones de pesos. A la cotización de entonces, un desembolso total de 20 millones de dólares.

Ambas licitaciones las ganó Chimen Aike SA.

La primera, con un presupuesto de 99,8 millones de pesos: apenas 200 mil menos que el cálculo oficial. Su competidora fue la firma platense Coninsa, que ofertó unos 50 mil pesos más. No se presentó ninguna constructora de la región. Con la segunda licitación sucedió algo similar.
Durante el acto de apertura de los sobres en Villarino los municipios habían asumido la responsabilidad de evaluar las ofertas, aunque -como aclaró el entonces intendente de Patagones, Ricardo Curetti- “la adjudicación final” estaba pura y exclusivamente en manos del ministerio de Planificación Federal. La exjefa comunal de Villarino, Patricia Cobello, también había mencionado que fue De Vido “quien destrabó los fondos necesarios”.

“Tuvimos una audiencia con él (De Vido), junto con otros intendentes, y 40 días después nos llamó para firmar el convenio de la obra”, había señalado.

Los contratos se firmaron a fines de noviembre de 2014.
Sin embargo, las obras arrancaron casi un año después: en julio de 2015 la correspondiente al gasoducto Pampeano Oeste y, en septiembre de 2015, al gasoducto Villarino-Patagones.

Para fin de año el primero de los proyectos estaba terminado. El segundo, en cambio, recién culminó en septiembre de 2017. Semejante demora se debió, básicamente, a que ni bien asumieron las nuevas autoridades nacionales decidieron cortar el flujo de desembolsos a Chimen Aike.
Esto lo reconoció el propio Aranda ante los concejales de Villarino, en mayo de 2016, cuando se reunió en Pedro Luro con referentes de todas las bancadas. Según les dijo en aquel momento, la obra mostraba un avance del 95%, mientras que la Nación apenas había abonado el 50% del total.

Finalmente, dos años después de su inicio, los trabajos se terminaron.

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