APOYO A LA EXTINCIÓN DE DOMINIO

Los legisladores Jorge Ocampos y Daniela Agostino expresaron su
beneplácito y apoyo por la sanción del Decreto de Necesidad y Urgencia
Nº 62/2019, mediante el cual el Gobierno Nacional pone en vigencia el
Régimen Procesal de la Acción Civil de Extinción de Dominio que faculta
al Estado Nacional a recuperar los bienes provenientes de la corrupción
y el narcotráfico.

“La medida crea una ‘Procuraduría’, en el ámbito del Ministerio Público,
con facultades de investigar delitos contra el patrimonio público,
narcotráfico y crimen organizado, como así también realizar
investigaciones de oficio y colaborar en la identificación y
localización de bienes provenientes de dichos delitos”, explicó Ocampos.

La extinción de dominio es un término utilizado para referirse a la
forma en la que el Estado le quita a una persona los bienes relacionados
con un delito. El objetivo de dicha herramienta legal es que se separe
la condena penal del destino de los bienes que se hayan logrado a través
de los delitos descubiertos. Así, mientras los acusados enfrentan el
proceso penal, los bienes pasarían a la Justicia Civil, que podría
determinar de manera más rápida si provienen de actividades ilícitas y,
en consecuencia, el Estado podría confiscarlos.

El legislador cipoleño recordó que “el Ejecutivo Nacional había
intentado impulsar un proyecto de ley con esta iniciativa pero no logró
el apoyo requerido por parte del Congreso. La propuesta fue votada en la
Cámara de Diputados en junio de 2016, y luego de dos años, el Senado le
introdujo modificaciones que desvirtuaban el espíritu de la norma
original. Por ello, el proyecto volvió a Diputados para su segunda
revisión, con los cambios acordados por la oposición, pero Cambiemos
rechazó esas modificaciones y el debate se estancó”.

Ocampos agregó: “desde nuestro bloque hemos insistido en su momento para
que la iniciativa mencionada fuera aprobada sin modificaciones al texto
original” y reiteró: “lo diremos hasta el cansancio: hay en nuestra
sociedad un claro estado de indignación respecto al festival al que
asistimos en los últimos años; de corrupción, lavado de dinero de origen
ilegal, crecimiento de las mafias, narcotráfico y del crimen
organizado”.

Finalmente el legislador de cambiemos resaltó que “según estimaciones
del Gobierno Nacional, serían alrededor de 245 mil millones de pesos en
bienes sometidos a medidas cautelares en causas por corrupción,
narcotráfico, lavado de dinero y trata de personas. Muchos de esos
bienes están bajo custodia o son administrados por diferentes organismos
del Estado, lo que implica generar costos para el erario público. Por
eso, con la medida, campos, casas, vehículos o incluso obras de arte se
podrían subastar y destinar a políticas públicas.

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